Inflación penal = Coctelito explosivo por Arturo Yañez Cortes

Según últimos estudios publicados tanto por la Federación Iberoamericana del Ombudsman y el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex; Bolivia tiene entre el 202% y 256% respectivamente de sobrepoblación penitenciaria, pues los más de 14.770 internos en nuestras cárceles (al 2013) están taukados en infraestructuras capaces de albergar sólo a 4.884 internos.

Naturalmente, ese déficit agrava las de ya por sí deficientes condiciones de vida carcelarias, en sus requerimientos de salud, alimentación y vaya paradoja, hasta seguridad, para no hablar de rehabilitación, pues –habrá que recordarlo– ya se abandonaron hace siglos aquellas posturas que sostenían que las penas debían ser suplicios por los delitos cometidos para los internos. Bastará acordarse de la tragedia de Palmasola que acaba de cumplir un año impune tras resultar con más de 30 muertos, o reparar que el penal San Roque de Sucre tenía hasta dos semanas atrás 471 intern@s (428 varones y 43 mujeres), aunque la capacidad del recinto es para aproximadamente 100 personas, en términos muy pero muy optimistas.

Por si acaso, la población penitenciaria mundial superó 10.2 millones de internos, y en el 54% de los países supera el promedio de 150 presos por cada 100.000 habitantes (Bolivia tiene 140 por cada 100.000 personas, menos del promedio mundial), EEUU tiene el más alto: 716 por cada 100.000 personas, seguido –en América– por Cuba 510. El más bajo; las Islas Feroe: 21 internos por cada 100.000 almas.

Pues bien, aunque no superamos ese promedio mundial, la situación de nuestras cárceles es una grosera afrenta contra los DDHH, peor si consideramos que aproximadamente el 84% de sus internos son inocentes (según nuestras propias normas) e, incluso, tratándose de los restantes condenados (16%), tampoco debieran quedar privados del disfrute de sus derechos (salvo su libertad de locomoción) por muy delincuentes que hayan sido declarados por sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, la situación carcelaria boliviana es un polvorín con varias mechas encendidas que avanzan en esa dirección –una ya explotó en Palmasola– pero también salen fuera de esos recintos… hacia la sociedad.

Cabría entonces preguntarse: ¿Qué causó en parte importante esa situación? Hemos –sostengo– generado un estado de inflación penal, caracterizado por el abandono de la naturaleza racional del derecho penal mínimo para convertirlo en máximo o de primerísima ratio, al influjo de un populismo y simplismo penal inocultable en quienes administran el Estado, sumado a su naturaleza autoritaria que en muchos casos recibe el beneplácito de parte importante de la sociedad. Me explico: gran parte de los problemas sociales –que como no pueden ser resueltos atacando sus reales causas puesto que requieren políticas mucho más complejas y sobre todo efectivas– se “penalizan” y convierten rápidamente en delitos (incluso reiterando otros ya previstos, cambiándoles de nombre) usualmente con penas altas (causando más y más detenciones) y reduciendo las garantías o límites que el ciudadano tiene frente al derecho de castigar estatal. Es más, no sólo parte de los operadores del sistema sino los medios y la sociedad propugnan la detención de todos los imputados por la mayor parte de los delitos, sin importar si en el caso concreto, se cumplen objetivamente las ya amplias condiciones exigidas. El resultado: hemos preparado un peligroso coctelito que ya explosionó una vez (masacre de Palmasola) y está en combustión en muchas otras cárceles y sensiblemente fuera de ellas, con más y más violencia que se repite como círculo vicioso, cambiando simplemente de escenario: unos días en las cárceles y otros en las calles. Es que, como decía Martin LUTHER KING: “La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve” y así nos está yendo…